Edificios colapsaron, familias enteras quedaron bajo los escombros y los hospitales se llenaron de heridos tras los terremotos que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio. Pero cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, las cifras oficiales no existen. El Ministerio de Salud, Protección Civil y las gobernaciones afectadas han difundido balances generales de la emergencia, pero en ninguna comparecencia pública ni en boletines oficiales se ha desglosado cuántos de esos heridos, desaparecidos, desplazados o fallecidos son menores de edad.

Si bien es cierto que algunas historias se han contado sobre cómo ha afectado la tragedia a los niños, incluso se han publicado en medios historias dolorosas con menores de edad como protagonistas, la realidad es que las diferentes ONG coinciden en que se trata del grupo menos visibilizado. Y cuando se han mostrado sus casos, muchas veces se hace de una manera poco ética. Son cientos los vídeos que corren por las redes sociales con rostros de niños a los que no se les observa ningún padre o representante cerca; son cientos los reportajes donde se les revictimiza, invalidando el dolor.

A su vez, a casi tres semanas de los terremotos, la ausencia de datos impide dimensionar la magnitud real del daño: no se sabe cuántos niños perdieron a sus padres o representantes legales, cuántos quedaron separados de sus familias durante el caos del rescate, cuántos fueron trasladados a hospitales fuera de su lugar de residencia ni cuántos permanecen en refugios temporales sin documentación. En una crisis de esta magnitud, no contar esa información equivale a no poder medir el daño ni priorizar la protección para la infancia.

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