La pandemia del COVID-19 demanda una actitud responsable y solidaria por parte de todos los Estados, instituciones nacionales e internacionales, así como de la ciudadanía en general. La Comisión y su REDESCA han venido observando como la grave de situación de derechos humanos que afecta a las venezolanas y los venezolanos en los últimos años se ha profundizado debido a la crisis humanitaria que ha generado la mayor crisis de desplazamiento de las Américas, y que llevó a cerca de 5 millones de personas venezolanas a desplazarse. En este complejo contexto, las autoridades de Venezuela tienen la obligación de adoptar medidas serias y exhaustivas de atención y de contención del COVID-19; a la vez que los países de acogida deben redoblar esfuerzos para garantizar el derecho a la salud de las personas y mitigar los efectos de un potencial contagio masivo.