Tras una acción de tutela popular interpuesta por la organización internacional Women’s Link Worldwide, una jueza ordenó medidas cautelares para que las entidades públicas de salud de Norte de Santander garanticen a las mujeres de la región (colombianas y venezolanas) acceder a servicios de salud como la atención materno infantil, la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la atención a víctimas de violencia sexual. La jueza reconoció que el departamento de Norte de Santander tiene grandes fallas en la prestación de estos servicios de salud. En su decisión, ordenó al Instituto Departamental de Salud y a la Secretaría Municipal de Salud de Cúcuta presentar informes donde se vean reflejadas las actividades que están realizando para suministrar información de interés y garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva a todas las mujeres, sin importar su estatus migratorio.