Un juez federal de Estados Unidos ordenó este miércoles al Gobierno de Donald Trump ofrecer a más de un centenar de migrantes venezolanos deportados a la megacárcel de El Salvador en marzo la posibilidad de impugnar sus acusaciones y defenderse legalmente.

El documento no exige el regreso de los expulsados, que fueron enviados a la prisión de máxima seguridad tras ser deportados bajo una antigua ley de tiempos de guerra, pero sí establece que deben contar con una vía para impugnar su detención incluso desde el extranjero, y tener un debido proceso.

Tras la publicación del fallo, emitido por el juez de distrito James Boasberg, el gobierno de Trump tendrá un plazo de una semana para presentar los detalles de cómo garantizará el acceso legal a los deportados.

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