A inicios de septiembre pasado, un video en el que diez mujeres venezolanas solicitaban, desde un centro de detención en Trinidad y Tobago, ser liberadas y volver con sus hijos menores de edad, se volvió viral en perfiles de medios de comunicación en el estado Sucre. Lo que había detrás de este video, según activistas en la isla antillana, eran maltratos y violaciones de derechos humanos a una decena de migrantes que, además, tenían estatus de refugiadas otorgado por el Alto Comisionado de Acnur. La abogada Karla Henríquez, activista por los derechos humanos y Embajadora At Large del Parlamento Internacional para los Derechos Humanos (PIDH) ante Canadá, que brinda asesoría legal a migrantes en Trinidad y Tobago, explicó que 16 días después de la detención de las diez mujeres migrantes, una sentencia de primera instancia de un tribunal de la isla, con fecha del 25 de julio de 2023, declaró como ilegal el proceso de privación de libertad. Sin embargo, y a pesar de la sentencia, el mismo 25 de julio en la madrugada el ministro de seguridad de Trinidad y Tobago, Fitzgerald Hind, habilitó el lugar como centro de detención, con la intención de que las diez mujeres permanecieran allí. Durante el periodo de detención, según indica Karla Henríquez, ocurrieron una serie de ilícitos que atentan contra los derechos humanos de las migrantes venezolanas.

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