El gobierno del presidente Javier Milei publicó ese 29 de mayo el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, que contiene una reforma sustantiva de la política migratoria de Argentina. El conjunto de reformas había sido anunciado inicialmente hace dos semanas por el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La reforma, en síntesis, busca endurecer las condiciones de ingreso, permanencia y acceso a servicios públicos para los extranjeros, además de agilizar los procesos de deportación para quienes cometan delitos. La medida ha sido cuestionada de inmediato por entidades de derechos humanos. Si bien no está dirigida de manera explícita hacia la comunidad venezolana en Argentina, tendrá impacto sobre ésta sin duda alguna.

Se estima, que a fines de 2024 casi 200 mil venezolanos residían en Argentina, siendo 2020 el punto de mayor presencia venezolana cuando se estimada que eran 220 mil.

El gobierno de Milei ha argumentado que la legislación actual «invita al caos y al abuso» de los recursos públicos por parte de extranjeros, especialmente en el contexto de lo que denominan «turismo de salud» y la inmigración irregular.

Ver fuente