La vocación de permanencia de más de dos millones de migrantes  y refugiados venezolanos ha hecho que el Estado colombiano ofrezca medidas de flexibilización para la regularización de esta población, y en consecuencia lograr su integración. Así, se acaba de probar el CONPES 4100, que define la política pública que se implementará de manera progresiva hasta el año 2032, con el objetivo de adaptar la respuesta institucional a las nuevas necesidades en materia de integración social, económica y cultural de la población migrante venezolana, “de manera que se materialice su contribución al desarrollo y la prosperidad del país”, según señala la introducción del documento. Se establecen siete líneas de acción:

1.- Implementar estrategias que permitan aumentar la oferta y viabilizar el acceso integral a servicios de la población migrante y receptora.

2.- Fortalecer la capacidad de respuesta del Estado en la prevención y atención a vulnerabilidades.

3.- Robustecer y adoptar estrategias que permitan la integración económica de la población migrante venezolana

4.- Promover ambientes que favorezcan la integración social y cultural de la población migrante venezolana.

5.- Robustecer la institucionalidad encargada de la atención e integración de la población migrante.

6.- Definir una estrategia de financiación para garantizar la integración y el aprovechamiento en materia de desarrollo.

7.- Fortalecer la generación, procesamiento, intercambio de información y evaluación de la oferta.

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