Revertir las secuelas que ha dejado la pandemia por COVID-19 sobre la salud, las economías y las dinámicas sociales de los países demanda de acciones extraordinarias y urgentes de los Estados. El desafío es aún mayor cuando se aborda el tema desde la perspectiva de género, toda vez que la población femenina ha sido una de las más golpeadas por la emergencia sanitaria, especialmente en América Latina. Erradicar la violencia de género y la corrupción vinculada a este fenómeno debe ser una de las prioridades en las acciones a emprender por las autoridades. Así quedó evidenciado en la evaluación de la situación de los derechos humanos en Venezuela, efectuada el pasado 25 de enero durante el Examen Periódico Universal (EPU) impulsado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como mecanismo de cooperación, rendición y asistencia entre sus miembros. Durante la sesión, los Estados exhortaron a “adoptar medidas urgentes para la prevención y erradicación de la discriminación y todos los tipos de violencia contra las mujeres por razones de género”. Además, se solicitó que se garantice el acceso a la justicia para las víctimas de violencia, la ampliación del marco legal y el cumplimiento de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.

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