Si María Andrea* hubiese sabido lo que le ocurriría al cruzar el río Arauca, que separa a Venezuela de Colombia, jamás habría salido de su natal Acarigua, en el estado Portuguesa (Venezuela). Desde el principio de la pandemia, organizaciones de derechos humanos advirtieron un marcado incremento en la violencia basada en género. En Colombia, esta ‘pandemia en la sombra’, como fue descrita en su momento por la ONU, afectó a las mujeres colombianas pero también a la población migrante. En específico, en lo que respecta a la violencia sexual, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), “entre enero y septiembre de 2020 hubo un incremento del 16% (123 casos) en los reportes por violencia sexual en población migrante respecto al mismo periodo de 2019”. Para Beatriz Palacios, directora de Mujer y Equidad de Género en la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Arauca, la violencia sexual es una de las que más afecta a las mujeres migrantes, que no solo son estigmatizadas y abusadas sino que además, desde su llegada a Colombia por las trochas y rutas clandestinas por el río Arauca, son altamente vulnerables a delitos sexuales tanto en manos de quienes las obligan a tener sexo para pagar el paso, como de las redes de trata de personas en las que son captadas con fines de explotación sexual.

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