El curso que han tomado las denuncias de Bucaramanga es un llamado de atención frente al uso de la migración venezolana como una estrategia en las campañas electorales de este año. Un exconcejal y actual candidato a la alcaldía de Bucaramanga denunció la existencia de una presunta red de alquiler de niños venezolanos para pedir limosna en las calles de la ciudad. Rápidamente, los medios de comunicación del país hicieron eco de la información. Incluso, el personero encargado de la capital santandereana, Rafael Picón, añadió información sobre el uso de drogas y otras sustancias para sedar a los niños mientras eran usados para mendigar. En diálogo con Proyecto Migración Venezuela, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Juliana Pungiluppi, y la directora de protección de la entidad, Juliana Cortés, desvirtuaron la existencia de una mafia dedicada a este delito.
