Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas* expresaron hoy su profunda preocupación por las deportaciones aparentemente ilegales de más de 250 hombres venezolanos y salvadoreños – presuntamente involucrados con pandillas – de Estados Unidos a El Salvador.

«En muchos casos, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 parece haberse aplicado incorrectamente para impedir el debido proceso, la revisión independiente y el acceso a los tribunales, en contravención con el derecho internacional de los derechos humanos. La falta del debido proceso resultó en deportaciones arbitrarias de muchas personas que, según se informa, no estaban involucradas con las pandillas», dijeron los expertos.

«La naturaleza sumaria de las decisiones fue claramente inadecuada para determinar si las personas corrían el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos en El Salvador», dijeron los expertos. Las decisiones tampoco parecieron tener en cuenta los efectos en el derecho a la vida familiar y el interés superior de la niñez, así como los distintos efectos de las medidas de seguridad en los derechos de las mujeres.

El deber internacional de non-refoulement prohíbe deportar a cualquier persona a un lugar en donde exista un riesgo sustancial de privación arbitraria de vida, tortura y/o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada, detención arbitraria, juicio injusto u otros daños irreparables.

En este contexto, los expertos expresaron su profunda preocupación por las cárceles de El Salvador, donde ha habido denuncias de muertes, torturas y malos tratos, violencia intracarcelaria y desapariciones forzadas.

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