La Defensoría del Pueblo ha venido reportando, a través de su Observatorio de Conductas Vulneratorias a los Derechos Humanos, los hechos victimizantes de desaparición forzada de personas en el desarrollo del conflicto armado interno: entre enero de 2022 y julio de 2023, a partir de 370 declaraciones recibidas, registró 423 víctimas de ese delito, que corresponden a desapariciones en el periodo relacionado y anterior a él. Del total, 322 son hombres; 78, mujeres, y sobre las restantes, 23, no hay información de su género. “Nos llama la atención que, de los seis departamentos con más casos de desaparición forzada reportados a la Defensoría del Pueblo, que son, Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Guaviare y Arauca, tres de ellos están en zonas de frontera terrestre. Es allí donde se presentan mayores dificultades para la búsqueda de las personas desaparecidas, según las denuncias y reportes de las comunidades víctimas que residen en esas regiones”, afirmó el Defensor de Pueblo Carlos Camargo Assis. “Extendemos nuestro llamado a la Cancillería para que adelante la implementación de mecanismos de cooperación para erradicar la práctica de la desaparición transfronteriza y favorezca la búsqueda de las personas desaparecidas en zonas de frontera.

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