El cierre del 19 de agosto del 2015, en los 431 kilómetros de la frontera entre el Táchira y el Norte de Santander, ha tenido un impacto de enormes consecuencias, tanto en lo social como lo económico, con empresas afectadas, incremento del desempleo y una dinámica comercial fuertemente restringida por primera vez en la historia de ambos países. Solamente entre el 2015 y el 2016 pasaron de 100 a 300 las trochas ilegales por la frontera entre el Táchira y el Norte de Santander, según un informe de los cuerpos policiales colombianos. Este dato confirma la posición de los proapertura, de que el cierre trasladó el comercio legal por los puentes al paso irregular bajo control de las mafias en la zona de frontera.