Cuando se produjo la liberación de los 8 militares venezolanos capturados por las FARC el pasado 31 de mayo en casi todo el país quedó la impresión generalizada de que el conflicto armado que comenzó en La Victoria de Apure el 21 de marzo había finalizado.  Sin embargo, esto no es cierto. Más allá de las consideraciones políticas y de estrategia militar, la realidad sobre la vulneración de varios derechos humanos en el desarrollo de los enfrentamientos armados entre fuerzas militares venezolanas y grupos de irregulares, es inocultable. En el día mundial del refugiado, este 20 de junio, el Servicio Jesuita para los Refugiados, que ha acompañado a estas personas desplazadas, emitió un pronunciamiento en el cual exige que a esta situación no se le aborde solo desde el punto de vista bélico sino desde la perspectiva humanitaria y de derechos humanos. Justifica el SJR que son estas personas en condición de desplazamiento forzoso las que quedan expuestas a mayores riesgos en medio de este fuego cruzado y con altísimas vulnerabilidades y de desprotección.

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