Las violencias contra las migrantes venezolanas en las zonas de frontera se complica con la emergencia sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19. En Norte de Santander, el Observatorio de Asuntos de Género publicó el boletín informativo ‘Afectaciones diferenciales en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19’ en el que profundiza sobre la situación de esta población en la región. El estudio involucró a 53 mujeres provenientes de Venezuela que residen en Cúcuta. Adriana Pérez Rodríguez, directora del Observatorio, precisó que en la actualidad se dedican al trabajo informal, al trabajo del hogar o están desempleadas. El 11% de las encuestadas aseguraron sufrir de violencia económica. La pareja o sus familiares no les permiten trabajar, no tienen control de sus ingresos o se les retienen sus documentos como medida de presión. Además, que casi todas se encuentran viviendo en entornos de hacinamiento; en lugares reducidos con una o dos familias. “Más de 10 personas en una misma casa, en las que recae las responsabilidades del cuidado del hogar sobre ellas”, añade Pérez. El boletín reveló que 7% de las encuestadas han sido víctimas de violencia física y psicológica. Los principales agresores son sus propias parejas, las ex parejas, los familiares, integrantes de la fuerza pública y miembros de los grupos armados al margen de la ley.

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