El Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) manifiesta la necesidad de que el Estado de Chile adopte medidas desde una perspectiva humanitaria y de protección respecto de las personas venezolanas llegadas a la zona fronteriza de la región de Tarapacá. Se trata, tal como lo ha dicho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otros organismos internacionales, de personas cuya situación se enmarca dentro de la definición de refugiados y en consecuencia se les debe otorgar la protección que de acuerdo a la ley corresponde aplicar. El ingreso por paso no habilitado no debe ser considerado como un delito, así se establece en el Derecho Internacional y expresamente lo señala la Ley de Refugio chilena, que indica que los solicitantes de refugio no serán sancionados por el ingreso de esta forma. La autoridad llama a utilizar cauces regulares para ingresar a Chile, sin embargo, estos casi no existen hoy para la población venezolana. Las solicitudes de Visas de Responsabilidad Democrática (VRD) fueron rechazadas masivamente en los últimos meses y desde la implementación de este visado y hasta el año 2019 el porcentaje de aquellas que pudieron ser efectivamente utilizadas no superaba el 5%.

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