1050 niños venezolanos se encuentran en un limbo legal en Colombia, luego de haber sido separados de sus padres o cuidadores por encontrarse en condiciones precarias. Solo entre 2021 y marzo de 2023, el Gobierno reportó que tuvo que intervenir en 7.690 casos de restitución de derechos de menores de edad cuyos padres o acudientes eran venezolanos. De ese total se derivan los 1.050 que, dadas las condiciones extremas de vulnerabilidad que determina el ICBF, son llevados a centros asistenciales para ser custodiados por el Estado mientras los padres logran demostrar que están en capacidad de asistirlos, llega otro familiar por ellos o son adoptados. Sobre este último paso –el de adoptar a menores que definitivamente no tienen acudientes que no puedan responder por ellos–, aún hay un limbo jurídico que impide que la custodia definitiva de esos menores sea entregada a familias colombianas. Pero el caso es aún más dramático para aquellos niños que nacieron del otro lado de la frontera. Esos menores, que ante la Ley son de nacionalidad venezolana, tienen nulas posibilidades de ser adoptados en Colombia porque la justicia no tiene un marco normativo para ello. “Se quedan ahí, en un limbo en el que es casi imposible que tengan una familia aunque haya personas que quieren adoptarlos.

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