Impedir el ingreso a Tame de un grupo de por lo menos cincuenta ciudadanos venezolanos que provenían del centro del país, deja a la administración municipal frente a un dilema ético y moral. Las decisiones tomadas por Aníbal Mendoza Bohórquez, alcalde de Tame, de impedir el ingreso a su municipio de un grupo de por lo menos cincuenta cuidadanos venezolanos que provenían del centro del país, deja a la administración municipal frente a un dilema más que jurídico – administrativo, por la falta de articulación de las instituciones del estado del nivel nacional con lo local. Si bien los alcaldes hacen uso de la autonomía territorial, al expedir decretos que regulen las medidas tomadas a nivel nacional, acciones como la de impedir la circulación de personas por su territorio son bastante controversiales, ya que, por intentar impedir el ingreso de los caminantes a Tame, se podría incrementar el riesgo en otras poblaciones o comunidades de contraer el coronavirus.