Con la producción de azúcar en el central azucarero del Táchira (CAZTA), que dejó de funcionar desde el 2016 por malos manejos administrativos y políticas estatales, el gobierno venezolano, busca reactivar la economía con este sector de la población reclusa en el área limítrofe y minimizar los impactos de la crisis carcelaria que se registra en este territorio.

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