Por espacio de un mes, la región del Catatumbo ha sido el epicentro de una de las crisis humanitarias más graves en la historia reciente de Colombia. La confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc ha sumido a esta extensa y selvática región en un estado de violencia sin precedentes, provocando el desplazamiento forzado de más de 54.000 personas y confinando a otras 34.000, según las cifras oficiales. Mientras tanto, la respuesta del Estado se ha visto marcada por la improvisación, la falta de coordinación y la escasez de recursos para contener la emergencia.

El pasado 30 de enero, en un intento por abordar la crisis, el presidente Gustavo Petro encabezó un Consejo de Seguridad en El Tarra, en el corazón del Catatumbo. Sin embargo, lejos de arrojar soluciones concretas, el encuentro se convirtió en un ejercicio de retórica sin compromisos reales.

Los expertos en seguridad han sido categóricos en su diagnóstico: la guerra en el Catatumbo no puede ser enfrentada con las mismas estrategias de antaño. La llegada de 10.000 soldados provenientes de otras regiones del país, sin conocimiento del terreno, ha sido vista como una estrategia fallida desde el inicio. “Es como lanzar carne de cañón a la guerra”, señalan analistas militares. En un territorio hostil, donde la selva se convierte en un aliado para quien la conoce, los grupos armados llevan la ventaja estratégica.

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