La deportación desde los Estados Unidos de un elevado número de nacionales de terceros países, especialmente a países distintos de los de su origen, plantea una serie de preocupaciones en materia de derechos humanos, según ha declarado este martes el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
“Esta situación es altamente preocupante en cuanto a una amplia gama de derechos que son fundamentales tanto en virtud del derecho estadounidense como del derecho internacional: los derechos a las garantías procesales, a la protección frente a la detención arbitraria, a la igualdad ante la ley, a la protección contra la tortura u otro daño irreparable en otros Estados, y a un recurso efectivo”, afirmó Volker Türk.
Los datos oficiales estadounidenses indican que entre el 20 de enero y el 29 de abril de 2025, 142.000 personas fueron deportadas desde Estados Unidos; el paradero de al menos 245 venezolanos y unos 30 salvadoreños expulsados a El Salvador siguen sin esclarecerse.
Muchos de ellos fueron deportados en virtud del Alien Enemies Act (Ley de Enemigos Extranjeros) como presuntos miembros de grupos criminales específicos.
Estos han sido presuntamente detenidos en el centro de máxima seguridad Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, donde reciben un trato particularmente duro, sin acceso a representación legal o a sus familiares y sin contacto con el mundo exterior.