El Departamento de Estado de EEUU destacó en su último informe anual sobre tráfico de personas, presentado por el secretario de Estado, Anthony Blinken, la persistencia de la explotación laboral y sexual de migrantes venezolanos en las islas de Aruba y Curazao. ‌A pesar de algunos esfuerzos por parte del gobierno de Aruba, como el aumento del personal dedicado a la investigación penal y la mejora de las instalaciones para víctimas potenciales de tráfico, las autoridades no han llevado a ningún traficante ante los tribunales en los últimos cuatro años. En cuanto a Curazao, según reseña Crónicas del Caribe, el informe señala que el país no cumple con los estándares mínimos para enfrentar el tráfico de personas, ya que las cortes no han condenado a ningún traficante y el gobierno de esa isla condiciona la asistencia a las víctimas extranjeras, incluida la residencia, a su cooperación con las autoridades. ‌Durante la pandemia de COVID-19, las redes de tráfico de personas continuaron operando, explotando a venezolanos, dominicanos y personas locales, muchas veces forzándolos a trabajos sexuales en bares y otros lugares.

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