El niño había estado en el sistema de bienestar familiar por casi dos años y el tutor legal se estaba quedando sin opciones. Traído a Bogotá por su madre venezolana y después abandonado, el niño de cabello castaño había pasado más tiempo bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de lo que permite la ley. Los funcionarios de la dependencia le habían dicho a la Corte Constitucional del país que habían hecho todo lo posible para encontrar a la madre y que no habían tenido éxito. Tampoco pudieron ubicar familiares en Venezuela para cuidarlo. Ahora, la defensora de familia del niño le pedía al tribunal que lo convirtiera en ciudadano, un primer paso para poder darlo en adopción. Pero, en la ciudad natal venezolana del niño, los miembros de su familia extendida —una tía, una bisabuela y un prima que lo cuidaban cuando era un niño— dicen que nunca fueron contactados por los funcionarios del gobierno colombiano. Ninguno sabía sobre el caso de la corte. El niño, que ahora tiene seis años, es uno de los cerca de 1.200 niños venezolanos que están atrapados en un sistema de bienestar infantil que no ha querido o no ha podido encontrar a sus familias, bajo un gobierno que no tiene relaciones diplomáticas con el vecino país.

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