De los casi 2,5 millones de migrantes venezolanos que están en Colombia, reportados por Migración, el 51 % son mujeres. El hecho de ser mujeres las hace más vulnerables a sufrir violencias basadas en género, a la trata de personas y al desempleo; si se tiene en cuenta su condición de migrantes, la protección es todavía más escasa pues también deben afrontar barreras para acceder a servicios médicos, de educación e incluso a la justicia. Impulsar la participación económica y social de las mujeres migrantes es una necesidad, pues, de acuerdo con el Índice de Precondiciones de Empoderamiento económico de las mujeres (IPE), desarrollado por ONU Mujeres en alianza con el DANE, el 92,9 % de las mujeres migrantes no cuentan con precondiciones para su empoderamiento; 35,1 puntos por encima de las mujeres no migrantes, para quienes el porcentaje es de 57,8 %. La falta de dichas “precondiciones”, como el acceso a servicios públicos, salud, educación, condiciones mínimas de vivienda, y vinculación laboral limita la participación de las mujeres migrantes en actividades de la comunidad, que apenas llega al 2 %, aunque 15 % de ellas ocupaban cargos como profesionales, científicas, directoras o gerentes de empresas en su país de origen, de acuerdo con la segunda ronda del Pulso Migratorio del DANE.

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