Frente a al problema de la migración de venezolanos que se encontraba enfrentando el país, en 2017 la Registraduría de Colombia facilitó a los migrantes el proceso de nacionalización, pero este nuevo proyecto causó que una red de corrupción ha puesto en entredicho más de medio millón de casos de nacionalización. Los venezolanos tomaron como excusa y también como prueba que luego de la migración colombiana a su país por la violencia que atravesaba Colombia en la década de los noventa, tenían familiares colombianos, ya que la Registraduría permitió que los venezolanos con padres colombianos podrían obtener la residencia siempre y cuando se demostrara. Luego de un tiempo, las autoridades al pedirle papeles a los venezolanos comenzaron a darse cuenta que estos tenían irregularidades y “actos de corrupción” en los que estarían implicados funcionarios de registradurías municipales y notarías de todo el país. Desde 2016 y hasta el momento se han emitido 2.688 comunicaciones y resoluciones de nulidad de registros civiles por presuntos fraudes en 18 departamentos y 70 municipios, entre los que se encuentra la capital del país, Bogotá.

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