El analista en temas de frontera, William Gómez, considera que los decretos y resoluciones promulgados recientemente en frontera van en contra de los acuerdos y tratados binacionales y del principio de buena vecindad e integración, tras la reapertura progresiva de la zona. Gómez precisó que desde el decreto inicial, emitido por la alcaldesa del municipio Bolívar, Sandra Sánchez, el pasado de 7 de junio, y justificándolo en la regulación y control de la piratería, “erradamente restringió y limitó el servicio de taxis de matrícula colombiana a un corredor vial que obliga al conductor a llevar la carrera al terminal de pasajeros, violando la normativa de transporte venezolana. Luego, apuntó Gómez, del lado colombiano, el Área Metropolitana de Cúcuta (AMC), emitió la resolución 077 que limita o restringe al transporte público de pasajeros, de matrícula venezolana, a entrar y salir del vecino país, única y exclusivamente por el puente internacional Atanasio Girardot. A estas dos medidas, “se suma ahora el recién decreto emitido por la Alcaldía del municipio Pedro María Ureña, en el cual el taxista colombiano es limitado y restringido a movilizarse por dos rutas y a descargar el pasajero en el lugar establecido como terminal terrestre, violando también la normativa. El analista de frontera dejó claro que las autoridades locales no están en facultad de ley para normar o regular el transporte público de pasajeros internacional.

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