Con el argumento de que los traslados por protección, como en la detención con fines de proceso migratorio, se configura una especial relación de sujeción entre el extranjero y el Estado, la Corte Constitucional compulsó copias a la Procuraduría y a la Fiscalía para que se investiguen la expulsión de unos 50 venezolanos que fueron detenidos en medio el paro nacional que se registró en noviembre de 2019. Para el alto tribunal, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia “vulneraron  el derecho al debido proceso”, toda vez que desconoció lo pertinente a la prohibición de expulsión colectiva de migrantes, toda vez que fueron dejaros a la deriva en cercanías al río Orinoco (Venezuela). Ante tal actuación, siete de los migrantes, denunciaron que fueron llevados a un Centro de Traslado de Protección de la localidad de Puente Aranda, Bogotá, “sin que les informaran los cargos por los que estaban siendo detenidos y sin que les permitieran ver a un abogado” y de allí fueron trasladados a la zona de frontera.

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