na línea muy delgada entre la protección de la población nacional y la estigmatización de los migrantes venezolanos pudiera quebrarse con la drástica medida de expulsión del país de cualquier extranjero que incumpla las medidas de aislamiento por la covid-19. El detonante —según Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia — fue la detención de 65 venezolanos, sorprendidos por la Policía Nacional en una fiesta clandestina cuando regía el toque de queda en la localidad de Kennedy (Bogotá) el pasado 17 de enero. Según datos suministrados por la Policía Nacional al Proyecto Migración Venezuela, desde el inicio de la pandemia en todo el país se han intervenido alrededor de 95.660 fiestas clandestinas, se han realizado 5.534 capturas y se han impuesto 208.183 comparendos a las personas que violan las medidas estipuladas para contener la propagación del coronavirus.

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Sin embargo, la información de la Fuerza Pública no da cuenta de la nacionalidad de las personas sancionadas, por lo que sería imposible aducir una actitud irresponsable por parte de los venezolanos más allá de los casos reportados por Migración Colombia, que ni siquiera llegan a un millar.