El Consejo de Estado encontró mérito para pronunciarse de fondo sobre el Decreto 2229 del 27 de diciembre de 2017 sobre la internación de vehículos, al admitir la demanda de nulidad interpuesta por el exsecretario de Hacienda del departamento, Martín Martínez, en la que se advertía de una serie de inconsistencias que iban en contra de los propietarios de carros y motos de placas venezolanas.