El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha insistido en que su gobierno avanzará en la expulsión de migrantes en situación irregular, luego de concretar en días recientes las primeras deportaciones en un vuelo con destino a varios países. Advirtió que quienes no salgan de forma voluntaria perderán la posibilidad de permanecer en ese país.

Pero entre el discurso oficial y la ejecución hay una brecha amplia, que los expertos afirman es difícil de cerrar, pues el país no cuenta con las condiciones políticas, jurídicas ni operativas para realizar deportaciones masivas, particularmente de ciudadanos venezolanos, que constituyen la mayoría de la migración irregular.

Luis Eduardo Thayer, sociólogo y exdirector del Servicio Nacional de Migraciones de Chile durante el gobierno de Gabriel Boric, afirma que el anuncio carece de elementos básicos de política pública: «No hay metas, no hay plan, y no hay claridad con respecto a los plazos».

«La expulsión es, por naturaleza, dispendiosa. Entonces habrá que ver cómo se gestiona dicho programa con la política de austeridad económica que el gobierno ha anunciado quiere aplicar», dijo Rita Lages, profesora de Derecho Internacional e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile

El principal obstáculo de Chile para concretar las deportaciones de venezolanos es que ambas naciones rompieron relaciones desde el año 2024 y sin la cooperación de Caracas, el plan fracasa.

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