Por segunda vez en menos de tres meses representantes de la organización no gubernamental viajarán a las islas del Caribe Neerlandés, para debatir la situación de la migración venezolana con las autoridades locales. “El que calla otorga”. En el gobierno de Curazao parece que han escuchado este refrán popular, pues han optado por dejar a un lado su política de ignorar las denuncias que organizaciones internacionales de Derechos Humanos vienen realizando, sobre el trato que los migrantes venezolanos reciben en su territorio; y han elegido iniciar un diálogo con dichas agrupaciones. Al menos ese es el sabor de boca que deja la decisión del primer ministro de la isla, Gilmar Pisas, de reunirse esta semana con una delegación de Amnistía Internacional que viajará desde La Haya (Países Bajos), para continuar analizando a la situación en el terreno. El encuentro entre la máxima autoridad del gobierno de Willemstad y la representación de Amnistía Internacional, la cual estará encabezada por  Dagmar Oudshoorn, directora del capítulo neerlandés de la agrupación, y la investigadora Yara Boff Tonella, responsable del informe “Sin seguridad todavía: Niegan protección a personas venezolanas en Curazao”, fue anunciado por la propia organización en un comunicado de prensa.

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