Desde el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) hemos documentado el incumplimiento por parte del Estado venezolano de la obligación de prevención, protección y reparación de las víctimas en términos de garantizar el derecho a una vida libre de violencia de todas las mujeres, niñas y adolescentes. En este sentido, hemos destacado el incumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de género por parte del régimen, no solo porque no toma las medidas efectivas para prevenir la violencia, sino que además ocurrido el hecho, las víctimas no encuentran protección ante las inminentes agresiones futuras, o reparación del daño producido. Lo anterior es consecuencia de las limitaciones tajantes al acceso a la justicia a las mujeres venezolanas, lo cual deja a las víctimas sin investigación del caso y sin reparación de los daños,  y al país con una tasa de impunidad en crecimiento, aunado a la desprotección por  la falta centros de atención con personal preparado, líneas telefónicas disponibles, casas de abrigo, órdenes de protección efectivas, y estrategias específicas para hacer frente a la situación en tiempos de pandemia.