El gobierno de facto no respondió a las preguntas de siete mecanismos de la ONU sobre las desapariciones de al menos 73 migrantes venezolanos, incluidas posibles víctimas de trata de personas, que salieron de Venezuela hacia Curazao y Trinidad y Tobago en tres embarcaciones diferentes entre abril y julio de 2019. Una vez más el gobierno de Maduro incumple con su deber de responder dentro de 60 días a las comunicaciones de los mecanismos temáticos de la ONU por casos de violaciones a derechos humanos. Similares comunicaciones fueron simultáneamente enviadas a Holanda (de la cual forma parte el territorio de Curazao) sobre 15 desaparecidos, y a Trinidad y Tobago sobre 58 desaparecidos. Holanda respondió por escrito y a tiempo. Al igual que el gobierno de facto venezolano, Trinidad y Tobago tampoco respondió a las preguntas de los mecanismos de la ONU, en un acto que denota un profundo desprecio de esos dos gobiernos hacia la grave situación de vulnerabilidad de los migrantes forzados, hacia la necesidad de conocer la verdad de lo ocurrido, ubicar a los desaparecidos y determinar las responsabilidades penales por casos de trata de personas, incluida la responsabilidad de agentes estatales.

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