Detrás de la promesa de un empleo bien remunerado, una oportunidad para viajar, un supuesto novio conocido por internet o un préstamo para resolver una urgencia familiar, muchas veces se esconden criminales que se dedican a la captación, el traslado, sometimiento y explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes. En los últimos años, debido a la creciente migración, la frontera entre Venezuela y Colombia se ha convertido en espacio para la proliferación de estos delitos, pues concentra algunas de las condiciones que facilitan la actuación de las redes de trata de personas: desplazamiento forzado, pobreza, falta de documentación, ausencia de oportunidades y presencia de grupos armados. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que las dinámicas de explotación ya no solo buscan sacar a las víctimas del país, ahora pueden comenzar, incluso, desde casa.

Un informe elaborado por la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, que tomó como base a 630 participantes en procesos de atención efectuados por la organización en las regiones de Cúcuta, Norte de Santander y el Catatumbo, describe a la frontera colombo-venezolana como uno de los escenarios más complejos de América Latina en materia de movilidad humana, vulnerabilidad social y establecimiento de economías criminales.

Pero la frontera es apenas una parte del mapa. Los registros de Mulier Venezuela muestran que la trata de personas también se ha documentado en el país, en entidades como Anzoátegui, Carabobo, Delta Amacuro, Miranda, Monagas y Táchira, además del Distrito Capital. Registros de 2023 y 2024 citados por la organización muestran rescates de venezolanas en al menos 13 países.

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