Los cuerpos de seguridad del Estado fueron culpables de al menos 1.414 ejecuciones durante 2021, menos de la mitad que el año anterior, según informe de dos organizaciones no gubernamentales (ONG). La cifra representa una reducción de 1.620 ejecuciones con respecto a 2020, cuando se registraron unos 3.034 «asesinatos», puntualizan el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Centro de Investigación de los Padres Jesuitas Centro Gumilla. «Hay un descenso de más del 50 % (…) parece positiva la reducción, pero es todavía una cifra muy letal. Lo ideal en un Estado de derecho es que no haya ejecuciones extrajudiciales. Y 1.414, aunque en relación con 2020 sea una cifra bastante reducida, sigue siendo alarmante y letal», dijo, en rueda de prensa, Alfredo Infante, coordinador de DD HH del Centro Gumilla. El coordinador de Provea, Marino Alvarado, sostuvo que la cifra «sigue siendo muy elevada» y «refleja la alta letalidad con la que siguen actuando los organismos policiales y militares en el país».