Para el momento en el que la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en la Guajira, 4.772 niños y niñas menores de cinco años habían muerto por causas asociadas a desnutrición, entre el 2004 y 2016. Nueve años después de la Sentencia, entre 2017 y 2026 se han registrado más de 550 muertes, todas ellas evitables, dejando al departamento con una tasa de mortalidad infantil 8,3 veces superior a la media nacional.

Para el 2025, el Auto 1179 de 2025 estableció que entre 2018 y 2024 murieron 729 niños y niñas Wayuu menores de cinco años en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia por desnutrición, enfermedad diarreica o infección respiratoria. Un año después, el Auto 1019 de 2026 encontró que apenas el 22,7% de los niños y niñas Wayuu incluidos en el registro examinado recibía más de 20 litros de agua diarios.

El 8 de mayo de 2017, la Corte Constitucional concluyó que la muerte de niños y niñas Wayuu por hambre, sed y enfermedades prevenibles era el resultado de una vulneración generalizada y sistemática de derechos fundamentales y de fallas estructurales del Estado, situación que también había sido advertida y vigilada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015.

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