Por Mario Zambrano Miranda

Un punto de partida fue la descentralización en Colombia y las competencias asumidas por los municipios, considerando la “carga” que esto representa según la Ley 1551 de 2012. Esta ley asigna a los alcaldes la función de “diseñar, implementar, liderar, desarrollar y promover planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana para garantizar instrumentos efectivos contra la delincuencia urbana y rural”. A pesar de esta perspectiva valiosa, no se dimensionaron adecuadamente las capacidades técnicas, presupuestales e institucionales requeridas para asumir dicha responsabilidad. Tampoco se consideró la prevalencia de una óptica municipalista que dificulta comprender la complejidad de los procesos de metropolización, mucho menos a una escala transfronteriza, con gobiernos locales fragmentados que actúan a una escala mucho menor.

Este análisis es crucial para enfrentar problemas como el crimen organizado. Según Global Initiative, Colombia es uno de los países con mayores índices de crimen organizado del mundo, ocupó el primer puesto mundial para las redes criminales (9,50) y los grupos de tipo mafioso tuvieron la misma puntuación. Venezuela está a la par de Colombia en el indicador de grupos de tipo mafioso”. La frontera se convierte así en un escenario propicio para el anclaje de rentas provenientes de economías sumergidas que son vitales para estos grupos. En términos de “metropolización transfronteriza”, un estudio del IEU de la Universidad Nacional afirma que “el crimen tiene una larga experiencia en funcionar de forma metropolitana, mientras que el Estado sigue operando municipalmente”.

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