El gobierno del Presidente Gustavo Petro enfrenta una creciente controversia en materia de derechos humanos tras una serie de bombardeos militares contra grupos armados, que han resultado en la muerte de menores de edad reclutados.

A través de un reportaje de EFE detalló que el ataque más reciente y letal, ocurrido en la selva del Guaviare, mató a 19 guerrilleros, incluyendo 7 menores.

La operación de noviembre contra disidencias de las FARC intensificó las críticas hacia el presidente, quien previamente había censurado duramente el uso de bombardeos con menores entre las víctimas.

La situación pone a prueba su política de «Paz Total» y plantea el dilema de cómo combatir el creciente poder territorial de las guerrillas sin poner en riesgo la vida de los niños forzados a la guerra.

Petro defendió las operaciones argumentando que respetan el Derecho Internacional Humanitario, y rechazó la solicitud de la Defensoría del Pueblo de suspender los bombardeos donde haya presencia de menores, afirmando que «si se suspenden los bombardeos, los capos van a reclutar más niños y niñas.»

Esta postura ocurre en medio de un repunte alarmante del reclutamiento forzado, que, según Unicef, se disparó un 300% entre 2019 y 2024. Hoy, en promedio, cada 20 horas un menor es reclutado o usado para el conflicto en Colombia.

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