El 7 de octubre, un grupo de exiliados venezolanos radicados en Miami, Florida, solicitaron al expresidente Donald Trump que emita una orden de Salida Forzosa Diferida (DED, por sus siglas en inglés) para suspender las deportaciones de migrantes venezolanos en Estados Unidos.
La petición surge tras el anuncio del fin del Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida humanitaria que beneficiaba a unos 600 mil venezolanos, permitiéndoles residir y trabajar legalmente en el país.
La solicitud fue presentada por las organizaciones Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavez), ambas con sede en el sur de la Florida.
La Salida Forzosa Diferida es una medida de protección temporal que el presidente de Estados Unidos puede otorgar, a su discreción, para suspender las deportaciones de ciudadanos de determinados países o grupos específicos.
El DED no cambia la situación migratoria de quienes lo reciben ni les otorga una vía hacia la residencia permanente o la ciudadanía estadounidense. Más bien, se trata de una moratoria temporal sobre la ejecución de deportaciones, que busca evitar que personas sean enviadas de regreso a países donde su vida o seguridad podrían estar en riesgo por razones políticas, humanitarias o de inestabilidad interna.