Acceso a la Justicia | Detenidos por decir la verdad.

«Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia no se permitirán discriminaciones». Pese a que esto estipula el artículo 21 constitucional, durante la pandemia de COVID-19 las autoridades en Venezuela han dejado en claro que hay unos venezolanos que son más que iguales que otros, y lo ha hecho al momento de decidir a quién le aplica la polémica Ley contra el Odio que la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente dictó a finales de 2017. Las advertencias que en su momento realizaron distintas organizaciones de derechos humanos y de protección de periodistas nacionales e internacionales respecto a que el instrumento no buscaba acabar con el odio ni fomentar la paz, sino acallar las críticas y sembrar el miedo, para así intentar ponerle freno al descontento social reinante en el país, han quedado comprobadas durante las primeras semanas del confinamiento.

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