Una organización venezolana en Massachusetts ha presentado una demanda contra el gobierno federal de Estados Unidos por su decisión de poner fin al programa CBP-One, que desde 2023 ha permitido la entrada legal de más de 900,000 personas al país.

La medida, anunciada en abril de 2025, revoca los permisos de trabajo y la elegibilidad para ciertos beneficios de miles de migrantes que ingresaron legalmente a través de este programa.

La demanda, interpuesta ante el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts por Democracy Forward y el Instituto de Reforma Jurídica de Massachusetts, argumenta que esta decisión amenaza con desestabilizar a familias que llegaron cumpliendo todas las reglas establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La organización demandante sostiene que «Reiteramos la libertad condicional y la autorización de trabajo sin una revisión individualizada. No solo es ilegal, sino que desestabiliza a las familias, debilita a nuestras comunidades y socava la confianza que los inmigrantes depositan en el sistema legal», afirmaron.

El Departamento de Seguridad Nacional notificó a miles de beneficiarios en abril de 2025 que debían abandonar Estados Unidos de forma inmediata, una decisión que ha generado preocupación y controversia entre las comunidades de migrantes y las organizaciones que los apoyan.

La demanda busca revertir esta decisión y proteger los derechos de los migrantes que ingresaron al país cumpliendo con todos los requisitos legales.

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