En Colombia, miles de niños venezolanos enfrentan situaciones extremas: sin escolarización, expuestos al maltrato y obligados a laborar para subsistir. Este fenómeno, asociado a la migración irregular y la falta de oportunidades, ha sido identificado como uno de los principales retos humanitarios en las zonas fronterizas y urbanas del país, desde donde emergen alarmantes cifras sobre explotación infantil.

Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), durante los últimos meses fueron identificados más de 350 niños venezolanos como víctimas de trabajo infantil, en especial en municipios fronterizos como Cúcuta. Estas alertas provienen de operativos móviles del ICBF y denuncias telefónicas. Las labores incluyen ventas ambulantes en puntos de tránsito, trabajo doméstico, limpieza de vehículos o asistencia en mercados.

De acuerdo con la legislación nacional, menores de 15 años no pueden trabajar y está prohibido su empleo en tareas que pongan en riesgo su salud o desarrollo.

Según estadísticas del DANE, durante 2022 hubo 369.000 menores trabajando en Colombia, y un 44,9 % de los niños venezolanos está fuera del sistema educativo, lo que refleja la magnitud del problema.

El ICBF ha desplegado unidades móviles que han identificado a cientos de menores en situación de riesgo, y ha iniciado acciones de rescate e inclusión.

La falta de cupos escolares, documentación, apoyo a familias migrantes y la ausencia de una política de protección integral dificulta que la regularización avance de manera efectiva.

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