El reciente intento frustrado de enviar a un grupo de pequeños a Guatemala encendió las alarmas en organismos de derechos humanos y reavivó el debate sobre el trato que reciben los más jóvenes en la frontera estadounidense.

El episodio reflejó la tensión entre los lineamientos oficiales de la Casa Blanca y el marco legal que protege a la infancia en situaciones de migración forzada.

Más allá de este caso puntual, miles de pequeños sufren las consecuencias de una política migratoria que prioriza las detenciones y expulsiones inmediatas. La separación de familias se ha convertido en una constante, dejando a muchos niños en albergues improvisados o bajo custodia estatal.

Psicólogos y organizaciones no gubernamentales advierten que las secuelas emocionales de estas experiencias pueden acompañarlos durante toda su vida, generando traumas difíciles de revertir.

El impacto de estas decisiones traspasa fronteras. Un grupo de madres venezolanas, que fueron deportadas desde Estados Unidos, ha elevado su petición directamente a la primera dama, Melania Trump. Estas mujeres buscan la reunificación con sus hijos menores de edad, quienes permanecen bajo resguardo en territorio estadounidense.

El llamado refleja la desesperación de familias rotas por procedimientos administrativos que, en muchos casos, se ejecutan sin ofrecer vías claras de apelación.

La situación de los niños migrantes se ha convertido en un termómetro de la política migratoria estadounidense.

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