La más reciente publicación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), titulada #DatosEnMovimiento, confirma lo que muchos intuían: la población migrante venezolana no solo es numerosa en Colombia, sino que también tiene una participación activa en la economía.

A pesar de los desafíos estructurales y sociales, estos trabajadores representan ya el 4,7 % del total de la fuerza laboral nacional, de acuerdo con cifras actualizadas a marzo de 2025.

Sin embargo, el empleo no siempre significa estabilidad. Según el informe, tres de cada cuatro trabajadores migrantes laboran sin contrato formal, lo que los deja sin acceso a seguridad social ni prestaciones.

El boletín de la OIM también resalta las condiciones desfavorables en las que se desenvuelven muchos de estos trabajadores.

Pese a estos obstáculos, los migrantes trabajan en promedio 47 horas semanales, superando el promedio nacional.

Contrario a algunos discursos que vinculan migración con carga económica, el estudio Impacto fiscal de la migración venezolana en Colombia, elaborado por la OIM junto con la Fundación Ideas para la Paz (FIP), revela otro panorama. Si se avanzara en la formalización del empleo migrante, la contribución fiscal podría aumentar en un 52 %, pasando de USD 530 millones a USD 804 millones anuales.

Esto sugiere que los beneficios de integrar plenamente a la población migrante no solo son sociales, sino también fiscales y productivos.

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