La Defensoría del Pueblo, a través de su defensora Iris Marín, entregó un balance alarmante durante la noche del lunes 5 de enero de 2026 sobre el desplazamiento masivo de más de 130 familias, equivalentes a cerca de 300 personas, provocados por intensos combates entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarca, en los municipios de Tibú y El Tarra, en la región del Catatumbo. Estas familias, originarias de zonas rurales, han recibido asistencia humanitaria en Cúcuta, liderada por la Defensoría y la Personería local, en medio de un pronunciamiento que urge el cese inmediato de hostilidades para proteger a la población civil.

Los enfrentamientos, que iniciaron durante la Navidad de 2025, han escalado en los primeros días de 2026, generando no solo desplazamientos sino también confinamientos masivos debido al fuego cruzado y la presencia de minas antipersonal. En el periodo navideño se registraron al menos 250 personas desplazadas, mientras que a lo largo de 2025 más de 92.000 individuos vieron limitada su movilidad por la violencia en la zona. Un ataque al campo petrolero el 28 de diciembre en la vereda Palmera Kilómetro 16 de Tibú provocó un derrame de crudo, y el 31 de diciembre las disidencias incursionaron en el corregimiento de El Tarra, lo que derivó en la suspensión de operaciones en el Campo Norte, deteniendo la producción de 1.400 barriles diarios de crudo. Aunque hay un despliegue militar en la región, el control ilegal de estos grupos armados persiste, agravando la crisis humanitaria.

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