Once meses después de la oleada de violencia que vació veredas enteras y convirtió al Catatumbo en el mayor foco de desplazamiento del país, el calendario marca otra Navidad bajo fuego. A pesar de los anuncios de cese al fuego entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC para el fin de año, las comunidades rurales han vuelto a verse atrapadas en enfrentamientos armados que han generado desplazamientos, confinamientos y un renovado drama humanitario en territorios como Tibú, El Tarra, Convención, Teorama y San Calixto. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, al menos 250 personas han salido de sus territorios en la última semana.

La crisis, que se reaviva en diciembre, forma parte de una escalada sostenida de violencia que, desde enero hasta noviembre, había provocado el desplazamiento de al menos 87.000 personas en la región, según la organización Vivamos Humanos. En varias zonas rurales, la violencia ha dificultado el acceso a servicios esenciales, con interrupciones en la atención en salud, dificultando la llegada de brigadas médicas y el acceso a centros asistenciales, cancelación de clases en escuelas rurales por riesgo de combate y problemas para transportar alimentos a las veredas. Aunque la presencia de fuerzas estatales ha aumentado en algunos corredores humanitarios, esas medidas no han sido suficientes para garantizar movimientos seguros ni detener las acciones armadas.

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