Por Claudia Yurley Quintero

La reciente serie de agresiones y homicidios a mujeres en Cúcuta comprueba un hecho doloroso que ha sido advertido reiteradamente por organizaciones que trabajan directamente con las mujeres de la frontera. Entre ellas se encuentra la Fundación Empodérame, una organización de la que hago parte, que cuenta con acción en Cúcuta y desde hace años acompaña a mujeres migrantes venezolanas, mujeres desplazadas, afrodescendientes y habitantes de barrios periféricos que sobreviven del comercio informal, la venta ambulante o la prostitución como actividad principal u ocasional por supervivencia. El trabajo psicosocial, jurídico y comunitario nos ha permitido documentar patrones de violencia que la institucionalidad no registra y, en muchos casos, tampoco investiga.

En los últimos días, varias mujeres atendidas por la Fundación, muchas de ellas vinculadas a economías de supervivencia, nos alertaron sobre el asesinato y atentados a “compañeras” ocurridos en la periferia, expendios de cerveza, minidiscotecas y corredores cercanos al centro de Cúcuta, el terminal de transportes y Villa del Rosario. Medios alternativos y portales de internet también confirmaron la noticia. Las víctimas formaban parte de los circuitos de lo que ellas llaman “rebusque” en calle y estaban sometidas a presiones de grupos criminales que imponen cobros semanales por permitirles prostituirse e incluyen amenazas y obligaciones de microtráfico. Las sobrevivientes relataron que estas bandas exigen pagos de hasta $160.000 semanales para permitirles vender tinto, cigarrillos, rifas, chance, comida o ejercer prostitución en calle; quienes no pueden cumplir esta extorsión deben distribuir un número determinado de dosis de sustancias psicoactivas (hablan de veinte dosis) bajo coerción. El temor a agresiones y la ausencia de una respuesta institucional efectiva han profundizado en las mujeres atendidas por Empodérame la sensación de desprotección.

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