El gobierno de Gustavo Petro ha dado un paso clave para reactivar la venta de energía eléctrica a Venezuela, un intercambio que estuvo suspendido durante más de una década. Con la flexibilización de los requisitos para las revisiones técnicas de los sistemas de medición, Colombia busca restablecer las interconexiones necesarias para el comercio energético con el país vecino. Sin embargo, la medida que ha sido catalogada como temporal, ha generado debate sobre su viabilidad y beneficios.

El Ministerio de Minas y Energía emitió una resolución que permite habilitar las interconexiones eléctricas con Venezuela por un período máximo de 12 meses, prorrogable bajo ciertas condiciones. Según el ministerio, esta medida asegura que la infraestructura y los activos no comprometan la seguridad del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

La flexibilización busca allanar el camino para que las conexiones entre los dos países sean operativas nuevamente. No obstante, expertos han señalado que el Ministerio no tiene la facultad para emitir este tipo de normativas, ya que estas competencias recaen en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Esto ha generado cuestionamientos sobre la legalidad y la sostenibilidad de la medida.

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