A tres meses del rompimiento de diálogos de paz con los actores armados del Ejército de Liberación Nacional, Eln, en Norte de Santander, la situación de orden público en el departamento se ha tornado cada vez más crítica.

El recrudecimiento de las acciones violentas en el territorio ha dejado hasta el momento 15 miembros de la fuerza pública muertos y otros más heridos, además de serias afectaciones, como los secuestros a los empleados de Ecopetrol y los ataques al oleoducto Caño Limón Coveñas.

Frente a esta situación y al inocuo accionar de las autoridades nacionales, desde el gobierno departamental se organizó una reunión con representantes de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, la OEA, la Defensoría del Pueblo, Acnur y diversas organizaciones internacionales, así como de la Iglesia Católica.

¿El objetivo? Ponerlos al tanto de lo que sucede en el territorio, pero también de generar un pronunciamiento que agilice la búsqueda de soluciones a esta creciente problemática.

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