El 7 de noviembre se ha convertido en una fecha temida para más de 600.000 venezolanos residentes en Estados Unidos. Ese día expirará formalmente el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa migratorio que, desde 2021, les había permitido vivir y trabajar legalmente mientras su país seguía sumido en una crisis humanitaria y política.

La reciente ratificación del fallo de la Corte Suprema de Justicia ha dejado a miles de familias en la incertidumbre, sin saber si podrán permanecer en territorio estadounidense o si enfrentarán procesos de deportación inminentes.

A la par de la tensión política por el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las historias personales detrás del TPS exponen un drama humano profundo: el miedo a perderlo todo en un solo día.

El TPS, creado en 1990, protege a ciudadanos de países en crisis para evitar su deportación. Bajo el gobierno de Joe Biden, fue otorgado a los venezolanos en 2021 y renovado en 2023 ante el deterioro de la situación bajo Nicolás Maduro.

Antes de dejar el cargo, Biden extendió su vigencia hasta 2026, pero la nueva administración —liderada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem— revocó la ampliación, dejando sin protección a cientos de miles de beneficiarios.

En septiembre, el juez Edward M. Chen falló a favor de los demandantes, calificando la anulación del TPS como “arbitraria y caprichosa”. Sin embargo, la Corte Suprema anuló su decisión, devolviendo la incertidumbre a los migrantes.

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